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Claudia Tapia Campus es egresada de la Escuela de Derecho de UDLA, lleva más de diez años ejerciendo la profesión en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y actualmente es abogada resolutora de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios de dicha institución pública.
 

En la sección de “Consejos de profesional a profesional” nuestra entrevistada explica en qué consiste su labor y entrega recomendaciones a los egresados interesados en la Administración de los Servicios Públicos del país.

¿Cómo logró ser parte de Servicio de Impuestos Internos como abogada?

Una vez que obtuve el título de abogado me pregunté cuál era área del Derecho en la que me gustaría ejercer la profesión. Desde esa perspectiva y buscando la que más me interesó, decidí incorpórame al Magíster de Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez, circunstancia que, sin duda, fue la puerta de entrada al SII.

En una primera instancia ingresé a la Dirección Regional Santiago Poniente, lugar donde comencé mi desarrollo profesional en la institución. Luego, continué mi formación en la Dirección Regional Santiago Oriente, ambas experiencias muy enriquecedoras profesionalmente, puesto que además de adquirir conocimientos en el área, el Servicio de Impuestos Internos constantemente capacita a sus funcionarios para lograr la excelencia y actualización en los temas.

Actualmente, me desempeño en el Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios (Depat) de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos.

¿En qué consiste su labor?

Con el objeto de evitar la innecesaria judicialización, los Depat tienen por finalidad ser una instancia de solución de controversia administrativa, en la que los contribuyentes, pueden interponer básicamente dos recursos y/o solicitudes en instancias y bajo condiciones distintas, por una parte y de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 123 bis del Código Tributario, la Reposición Administrativa Tributaria “RAV” que tiene como objeto resolver y verificar la legalidad de los actos de la administración desde el punto de vista tributario, relacionados con las diferencias impositivas dispuestas a los contribuyentes, de manera tal que estos hagan valer sus derechos en el caso que dichas diferencias no se hayan efectuado correctamente.

A su vez,  y en el marco de lo prescrito en el artículo 6 letra B N° 5 del mismo cuerpo legal, los contribuyentes pueden solicitar la Revisión de la Actuación Fiscalizadora “RAF” para los efectos de que la  administración corrija de oficio o a petición de parte los vicios o errores manifiestos en que haya incurrido un acto impugnado, entendiéndose por tales aquellos ostensibles, evidentes, claros, detectables de la sola lectura de los actos, o de su cotejo con los documentos que le sirvan de antecedente o le deban servir de fundamento.

¿Qué es lo que destaca y valora de su trabajo?

Trabajar en el SII me permite desarrollar una carrera profesional en la que además de la aplicación de las normas jurídicas de Derecho Tributario, existe la exigencia y necesidad que los abogados adquieran conocimientos integrales en otras materias relacionadas con el sector económico, contable, financiero, industrial, entre otros, exigencia que permite asumir nuevos desafíos y estar en constante capacitación.

¿Algún desafío que ha tenido que enfrentar?

Es de conocimiento público que en los últimos 10 años se han modificado contantemente las normas tributarias, situación que demanda estar constantemente actualizándose y capacitándose con el objeto de evitar la obsolescencia de los conocimientos, así como enfrentar con amplias competencias los requerimientos del SII.

¿Qué consejos le da a los egresados que pretenden trabajar en la Administración de los Servicios Públicos del país?

Lo primerísimo que les aconsejaría, es que en la medida de lo posible identifiquen cuál es el área del Derecho en la prefieren desarrollarse, y capacitarse en ella. Entonces con esa herramienta, identificando cuál de los sectores públicos de la Administración del Estado es de su mayor interés, les permitirá desarrollar una carrea profesional de excelencia atendida la especialización escogida, siempre considerando la vocación de servicio público.
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