Reflexionar, desde la academia y en conjunto con profesionales expertos en planificación territorial urbana, sobre cómo la pandemia ha evidenciado problemas en la distribución de las ciudades, fue la idea principal de la Facultad de Derecho y Escuela de Construcción para organizar el seminario “Aspectos jurídicos del urbanismo en Chile. Una mirada interdisciplinaria de la Planificación Territorial en el contexto de la pandemia”.

La actividad, que tuvo como objetivo entablar un diálogo multidisciplinario acerca de los principales problemas que aquejan a las ciudades del Chile actual en el marco de la pandemia, contó con la participación de Francisco Vergara, arquitecto y Director del Centro de Producción del Espacio (CPE) de UDLA.

“La segregación socioespacial es un problema de salud pública. El proceso de avance del coronavirus en la ciudad de Santiago parte por el barrio alto y de a poco va llenando las zonas más pobres de la ciudad. Esto tiene mucha relación con la operación confraternidad realizada en 1978, en donde los militares subieron a los camiones a los pobladores que vivían en terrenos grandes y se los llevaron a vivir a la periferia con el objetivo de saber perfectamente dónde está cada usuario. Lo preocupante es que, si hoy quisiéramos eliminar la segregación socioespacial, tendríamos que movilizar un millón de hogares en la región Metropolitana, es algo imposible en el corto plazo”, manifestó.

En la misma línea habló Carlos Aguirre, constructor civil y Director de la Escuela de Construcción de UDLA, quien apuntó que “el sistema tiene una capacidad impresionante de seguir reproduciendo sus desigualdades. Esto ocurre por algo legislativo. Nosotros regulamos el uso del suelo en base a un plan comunal y por otro lado reglamentamos el objetivo, pero en ningún caso regulamos lo que pasa de la línea oficial hacia afuera”.

Aguirre además agregó que “la reproducción de la segregación se empieza a evidenciar de forma sistemática cuando aparece el fenómeno de la inversión, donde las clases medias y medias altas empiezan a comprar departamentos para el arriendo basado en su capacidad de crédito”.

Con respecto a las problemáticas jurídicas en la planificación territorial actual, la abogada urbanística, Jeanette Bruna, manifestó que “en Chile hay una escasa regulación de delitos contra el ordenamiento territorial y urbanismo a diferencia de España por ejemplo, quien, ante la destroza situación de la normativa legal y administrativa, incluyó el derecho penal en la normativa de la planificación territorial. En Chile solo tenemos el delito que aborda el conflicto del loteador y urbanizador cuando no cumplen la ley”.

Para finalizar, Paola Román, abogada de la Universidad de Chile y académica de Derecho Administrativo de UDLA abordó la relevancia de las políticas públicas en materia territorial: “La idea es que sean un faro inductor con efecto de poder iluminar todos los procedimientos de planificación territorial. Las políticas públicas en general son ideas fuerzas que su legitimidad arranca de una fuerte participación ciudadana. La administración del Estado tiene como desafío monitorear el cumplimiento de esta política pública; no tiene sentido que las personas se pongan de acuerdo, el territorio participe, si la política pública no se ejecuta de forma correcta”.