Una investigación desarrollada en UDLA examinó el estado actual del derecho a la identidad de género en Chile, con especial énfasis en su reconocimiento y protección efectiva respecto de niños, niñas y adolescentes (NNA) transgénero.

El estudio, titulado “Identidad de género en Chile: desafíos pendientes para una protección efectiva”, fue liderado por la Dra. María Lorena Rossel, investigadora de la Facultad de Derecho de UDLA Sede Viña del Mar, y publicado en la revista Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science.

La académica menciona que el derecho a la identidad de género se encuentra directamente vinculado al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2023, en particular con aquellos relacionados a la igualdad de género, salud y bienestar, la educación inclusiva y equitativa, y la reducción de desigualdades.

“En los últimos años, Chile ha incorporado disposiciones legales que consagran la identidad de género como un derecho, y los tribunales de justicia han comenzado a interpretarlas de conformidad a las normas y criterios internacionales. No obstante, en la práctica persisten múltiples situaciones que constituyen amenazas o vulneraciones al derecho a la identidad de género, lo que repercute negativamente en el ejercicio de otros derechos fundamentales por parte de los individuos transgénero y de género diverso”, explica.

A nivel nacional, la investigación analiza el alcance de la Ley 21.120, que reconoce y regula el derecho a la identidad de género en Chile. Destaca que esta normativa representó avance relevante al establecer procedimientos para la rectificación del nombre y sexo registral cuando estos no coinciden con la identidad de la persona. Sin embargo, advierte que su aplicación presenta limitaciones estructurales que afectan de manera particular a niños, niñas y adolescentes transgénero.

“Entre los principales hallazgos, se identifica la exclusión de menores de 14 años del procedimiento de rectificación registral, lo que invisibiliza las infancias trans y se aparta de estándares internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. En el caso de adolescentes entre 14 y 18 años, la exigencia de representación legal para iniciar el trámite constituye otra barrera relevante, especialmente cuando existe oposición familiar, situación que tensiona principios como la autonomía progresiva y el interés superior del niño”, comenta la Dra. Rossel, mencionando que a ello se suma la definición binaria de identidad de género contenida en la ley, limitada a las categorías de hombre y mujer, lo que deja fuera el reconocimiento de identidades no binarias.

El estudio examina además los efectos de estas brechas normativas en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente en educación y salud. En el ámbito educativo, se citan encuestas nacionales realizadas entre 2016 y 2019 que evidencian la percepción del contexto escolar de estudiantes LGBTIQ+.

En Chile, el 44% de las denuncias ingresadas ante la Superintendencia de Educación en 2016 se vinculó a maltrato y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Asimismo, más del 70% de los NNA LGBTIQ+ declaró no sentirse seguro en su establecimiento educacional, más del 80% señaló haber escuchado comentarios negativos, más del 60% reportó acoso verbal, cerca del 30% acoso físico y un 10% ataques físicos.

En materia de salud, la investigación recoge observaciones de organismos internacionales sobre los obstáculos que enfrentan las personas trans para acceder a una atención adecuada, asociados a maltrato, discriminación institucional, falta de protocolos específicos y escasa formación del personal de sanitario.

“Pese a los avances normativos alcanzados, la protección del derecho a la identidad de género en Chile sigue siendo parcial. Las exclusiones etarias, el enfoque binario de la ley y las barreras prácticas en educación y salud limitan el ejercicio pleno de este derecho, con impactos directos en el bienestar y la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes trans”, sostiene la académica, quien, a partir de este diagnóstico, propone avanzar en una reforma integral del marco normativo y de las políticas públicas.

Entre las medidas sugeridas se incluyen permitir el acceso al procedimiento de rectificación registral a menores de 14 años mediante evaluaciones caso a caso, reconocer legalmente las identidades no binarias, implementar políticas intersectoriales con enfoque de derechos humanos, establecer protocolos clínicos basados en evidencia científica, y fortalecer la formación obligatoria y continua de profesionales de la salud y la educación en diversidad sexual y de género.