Con el objetivo de promover un espacio de reflexión académica en torno al cumplimiento de las obligaciones alimenticias, la Escuela de Derecho de  Universidad de Las Américas desarrolló el conversatorio “Transparencia de los bienes y movimientos financieros de los deudores de pensiones de alimentos”, instancia que reunió a académicos y egresados de Derecho.

La actividad contó con las exposiciones de Mariana Rojas, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Universidad Santo Tomás de sede Viña del Mar y docente de Derecho Comercial en la Universidad de Valparaíso; y Carmen Paz Valenzuela, académica de UDLA.

Durante el encuentro, ambas académicas abordaron los mecanismos mediante los cuales algunos deudores obstaculizan artificialmente el pago de pensiones alimenticias y las limitaciones del sistema judicial para identificar ingresos no declarados.

En este contexto, Rojas señaló que “hoy existen mecanismos que permiten a ciertos deudores mantenerse fuera del sistema formal, sin registros y sin trazabilidad financiera, lo que dificulta que los tribunales puedan actuar con eficacia”.

Asimismo, destacó la necesidad de que las instituciones avancen en soluciones simples pero efectivas: “Existen medidas de fácil aplicación que no requieren grandes presupuestos ni reformas legales, sino criterios claros y acciones concretas por parte de los tribunales. Son pequeñas mejoras que pueden generar un gran cambio para las familias afectadas”.

Rojas añadió que uno de los problemas centrales es la persistencia de actividades  remuneradas informales que impiden verificar la verdadera capacidad económica de los deudores: “en muchos casos, quienes tienen la obligación alimenticia operan fuera del sistema, sin declarar ingresos y sin registros oficiales. Esa informalidad es uno de los principales obstáculos para asegurar el pago oportuno de las pensiones de alimentos”.

La conversación también profundizó en las dificultades para determinar la capacidad económica real de los alimentantes y en las herramientas que el ordenamiento jurídico ya contempla o podría implementar. Un eje central del diálogo fue el proyecto de ley que crea el Registro de Beneficiarios Finales, una herramienta para identificar a las personas que realmente poseen o controlan activos, incluso cuando estos se encuentran a nombre de terceros o de estructuras societarias complejas.

Según explicó Valenzuela, “este registro tiene un impacto directo en temas sensibles, como el ocultamiento de bienes en procesos judiciales, incluyendo casos de incumplimiento de pensiones de alimentos. Si se sabe quién es el beneficiario final de un patrimonio o ingreso, los tribunales pueden determinar con mayor claridad la capacidad económica del alimentante y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones”.

El Beneficiario Final es la persona que, en última instancia, posee o controla un activo o una entidad jurídica, aunque esta se encuentre a nombre de terceros o de estructuras legales intermedias. Su identificación es fundamental para evitar que los deudores oculten bienes o ingresos con el fin de eludir responsabilidades legales.

Valenzuela añadió que “existen ingresos no declarados o estructuras jurídicas complejas que ocultan patrimonio. Un trabajador independiente puede percibir ingresos significativos sin registrarlos, mientras que un profesional con múltiples sociedades puede aparecer oficialmente sin ingresos. Por eso es necesario implementar normas de cumplimiento tributario y registros de beneficiarios finales que permitan a los tribunales determinar la capacidad económica real de los deudores”.

El proyecto de ley que crea un registro de personas beneficiarias contempla que las sociedades identifiquen a las personas naturales que ejercen control efectivo o que poseen más del 10% de su composición. La iniciativa, actualmente en primer trámite constitucional, asignaría al Servicio de Impuestos Internos la responsabilidad de crear una división especializada para administrar esta información.

Respecto a la necesidad de avanzar en esta materia, Valenzuela sostuvo que “estas herramientas no son difíciles de implementar, pero además del atraso en su desarrollo, hoy enfrentamos desafíos nuevos, como los criptoactivos, que complejizan aún más la trazabilidad patrimonial”.

También cuestionó la actual dependencia de oficios judiciales para acceder a información estatal, señalando que “los tribunales deberían tener acceso directo y seguro a estas bases de datos. Con los estándares adecuados, estos registros debieran estar disponibles sin necesidad de oficiar organismo por organismo. Estos son temas que debemos seguir instalando en la conversación pública”.

Tras las exposiciones, se generó un espacio de diálogo académico que permitió el intercambio de experiencias y perspectivas, promoviendo la reflexión institucional y el desarrollo de propuestas con impacto social.

Cerrando la jornada, Alicia Castillo, Directora de Escuela de Derecho de UDLA, expresó: “como Escuela de Derecho, nos enorgullece generar espacios de reflexión que aporten al fortalecimiento de la justicia y la transparencia. Este conversatorio nos permitió profundizar en un tema crucial para garantizar que los deudores de pensiones de alimentos cumplan efectivamente sus obligaciones, y analizar cómo el futuro Registro de Beneficiarios Finales puede evitar el ocultamiento de bienes. Este es el sello que queremos seguir promoviendo: diálogo académico con impacto social y orientado a soluciones reales para las familias de nuestro país”.