El Secretario Académico de la Facultad de Derecho de  Universidad de Las Américas (UDLA) y coordinador del Observatorio de Gobernanza (OG), Williams Valenzuela, participó como coautor del libro “Responsabilidad patrimonial del Estado”, recientemente publicado por la editorial Tirant Lo Blanch.

La obra, coordinada por los doctores Alfonso Martínez Lazcano (Universidad del Sur, México) y Juan Marín González Solís (Universidad Autónoma de Nuevo León, México), reúne a destacados especialistas del ámbito jurídico latinoamericano que analizan la responsabilidad del Estado desde diversas perspectivas teóricas y prácticas.

En su capítulo titulado “Seguridad Pública: un Derecho”, el coordinador del OG desarrolló una reflexión profunda sobre la necesidad de reconocer la seguridad pública como un derecho esencial de toda persona y como un deber jurídico ineludible del Estado.

A través del análisis del marco normativo internacional, la jurisprudencia chilena y los desafíos actuales en materia de delincuencia e inseguridad, el autor plantea que la falta de una consagración explícita de este derecho debilita el ejercicio efectivo de la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones. Su propuesta apunta hacia una reforma de lege ferenda [reforma legal, es decir, una propuesta de reforma a la ley] que incorpore el derecho a la seguridad pública dentro del catálogo de derechos fundamentales, fortaleciendo así la relación entre ciudadanía, Estado y gobernanza. En efecto, señaló “que es indispensable la constitucionalización de tal derecho, a efectos de que los ciudadanos puedan recurrir ante privaciones, permutaciones o amenazas de su ejercicio”.

“La motivación para escribir este capítulo surge del trabajo que realizamos en el Observatorio de Gobernanza Normativa de UDLA, donde analizamos cómo las normas, políticas públicas y decisiones judiciales inciden en la protección de los derechos ciudadanos. Este aporte busca contribuir al debate sobre el rol del Estado frente a la inseguridad, entendiendo que garantizar la seguridad pública no es solo una obligación política, sino un verdadero compromiso jurídico con la democracia y la dignidad de las personas”, explicó Williams Valenzuela.

En sus conclusiones, el profesor Valenzuela sostiene que la seguridad pública no puede reducirse a un objetivo de gestión gubernamental, sino que debe entenderse como un derecho fundamental inherente al Estado de Derecho, que exige acciones concretas y sostenidas por parte de las instituciones. Además, subraya que el fortalecimiento del orden democrático pasa por el reconocimiento efectivo de este derecho, el cual debe garantizar tanto la protección de las personas como el respeto a los derechos humanos en las políticas de seguridad.

“Si el Estado asume la seguridad pública como un derecho y no solo como un servicio, podrá avanzar hacia una gobernanza más justa, coherente y centrada en las personas”, añadió Valenzuela.

“La participación William Valenzuela en esta publicación refleja el compromiso de nuestra Facultad y del Observatorio de Gobernanza Normativa UDLA con la investigación aplicada y con el análisis de los grandes desafíos del Derecho contemporáneo. Este tipo de aportes posicionan a nuestra comunidad académica en el debate jurídico latinoamericano, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras y socialmente responsables”, destacó el Decano de la Facultad de Derecho, Daniel Montalva.