El Observatorio INSOS, perteneciente a la Facultad de Ingeniería y Negocios de Universidad de Las Américas, presentó un boletín en el que analiza la evolución y caracterización de la informalidad laboral en la Región de Valparaíso durante el trimestre mayo-julio 2025.

El estudio entrega una mirada integral sobre las dinámicas del empleo en la zona, destacando brechas de género, sectores más afectados y perfiles de trabajadores en situación de informalidad. Uno de los hallazgos más relevantes indica que la región mantiene una tasa de informalidad laboral del 28,8%, cifra superior al promedio nacional de 26%. Esto significa que casi uno de cada tres trabajadores se desempeña sin contrato, sin acceso a seguridad social ni protección laboral.

“La informalidad en Valparaíso se ha instalado porque buena parte de su economía depende de actividades fuertemente estacionales. A esto se suman los pequeños emprendimientos y ferias libres, que generan empleos de corta duración y sin contratos. También influyen las cadenas de subcontratación, donde muchas veces no se cumplen las obligaciones laborales. El resultado es que, aunque la región aporta más del 8% del PIB nacional, uno de cada tres trabajadores sigue sin acceso a seguridad social ni estabilidad”, profundizó Marcelo Ipinza, director del Observatorio INSOS.

Respecto a las brechas de género, el informe señala que las mujeres de la región enfrentan una tasa de informalidad del 31,1%, mientras que en los hombres alcanza el 27%. Esta diferencia de cuatro puntos porcentuales refleja desigualdades estructurales que limitan la autonomía económica femenina y refuerzan ciclos de vulnerabilidad en las familias.

En cuanto a la actividad económica, cuatro sectores concentran más de la mitad de la informalidad: comercio (21,3%), construcción (13,9%), actividades de hogares como empleadores (9,6%) e industrias manufactureras (7,4%). A ellos se suman transporte, turismo, agricultura y pesca, donde la estacionalidad propia del rubro profundiza la precariedad laboral.

Sobre las medidas prioritarias que deberían impulsar tanto el gobierno regional como el central, Ipinza señaló que “algunas medidas clave son facilitar que los trabajadores por cuenta propia puedan cotizar según sus ingresos reales, generar incentivos para que micro y pequeñas empresas se formalicen, y aplicar fiscalización más efectiva en sectores como el comercio y la construcción, que concentran la mayor parte de la informalidad”, sostuvo.

Del mismo modo, agregó que “también es prioritario avanzar en programas de cuidado infantil y apoyo a las mujeres, para que puedan acceder a empleos formales, y diseñar contratos especiales de temporada en turismo y agricultura que aseguren continuidad de derechos previsionales”, aseguró.

El estudio también advierte un aumento preocupante en los asalariados informales, es decir, empleados dependientes que trabajan sin las protecciones legales que las empresas deben garantizar. Este grupo creció un 8,1% en el trimestre analizado y ya representa el 38,9% de los ocupados informales, mientras que los trabajadores por cuenta propia concentran el 45,5%.

Finalmente, Ipinza destacó el rol clave que debe asumir el sector privado, en especial en las industrias más afectadas.
“El sector privado debe asumir que la formalización no es un costo, sino una inversión en sostenibilidad y competitividad. Esto implica ofrecer empleos con contrato y protección social, dar facilidades a proveedores para formalizarse, y asegurar que en toda la cadena productiva se cumplan los estándares laborales. En rubros como comercio, construcción y turismo, incorporar prácticas más transparentes y estables no solo mejora las condiciones de los trabajadores, sino que también fortalece la confianza y la productividad de las empresas”, aseveró.

Es posible acceder al boletín completo aquí.