La Facultad de Derecho de UDLA junto al medio de comunicación Codexverde llevó a cabo el conversatorio: “Dos años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú: ¿cómo va su implementación?”, con el fin de dar a conocer las acciones gubernamentales que se planean para el fortalecimiento del acceso a información, participación ciudadana y defensa de los activistas socioambientales.

Con la bienvenida de Waldo Lobos, director de Codexverde, y la moderación de Marco Valdés, Coordinador de Vinculación con el Medio de la Facultad de Derecho de UDLA, se dio inicio al coloquio en el que participaron los abogados Felipe Pino, coordinador de proyectos de ONG Firma, y Camila Martínez, socia de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (Achidam).

Así, en una sesión realizada mediante la plataforma Zoom, aproximadamente un centenar de personas participaron atentamente al conversatorio en el que se revisó el contexto actual del Acuerdo de Escazú, las acciones para su implementación, su importancia y desafíos para Chile.

“Este conversatorio nace de la inquietud del medio de comunicación Codexverde y de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, universidad que desde hace varios años está en un convenio con nosotros para relevar temas sociomabientales y de sostenibilidad en Chile y en el mundo”, comentó el director de Codexverde sobre la relevancia de generar estos espacios.

Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que garantiza acceso a la información, participación ciudadana y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Vigente desde el 22 de abril de 2021, Chile es parte desde el 11 de septiembre de 2022. Recientemente, Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves impulsaron un Plan Regional de Acción para defensores de derechos humanos en temas ambientales, aprobado en la COP 3.

La abogada Camila Martínez, explicó que el Acuerdo de Ezcazú es el “primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe en temas de derechos humanos y ambientales. Tiene sus albores en el año 1992 pero en el año 2021viene a concretizar derechos como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, esenciales para garantizar otros derechos fundamentales como el derecho a la vida. Este acuerdo regional reúne diversas visiones internacionales sobre estos temas”.

En relación con el Plan de Acción para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, la socia de Achidam destacó que la Superintendencia, al recibir numerosas denuncias, tiene la capacidad de identificar conflictos socioambientales y debería asumir un rol más activo en la activación del protocolo de protección para los defensores ambientales. “La Superintendencia no requiere de una facultad expresa para desempeñar un papel preventivo y protector en estos casos”, afirmó.

Desafíos legales de Chile en el Acuerdo de Escazú

 Según explicó el coordinador de proyectos de la ONG Firma, Felipe Pino, en Chile “se sostenía que la firma del Acuerdo de Escazú no era imperativa puesto que ya contábamos con tribunales y procedimientos ambientales. No obstante, la participación ciudadana en asuntos ambientales sigue siendo limitada, restringida principalmente a las evaluaciones de impacto ambiental”.

Implementar el Acuerdo de Escazú requiere adaptaciones en diversos aspectos de la regulación chilena, con niveles de dificultad variables. Modificar la Constitución o las leyes, especialmente aquellas con carácter orgánico como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, representa una tarea compleja. Por ello, el Ministerio del Medio Ambiente, junto con otros ministerios, busca implementar partes del acuerdo sin necesidad de cambios legales inmediatos, enfocándose en reglamentos e instructivos para lograr efectos rápidos. “La estrategia es avanzar en lo posible mientras se preparan los cambios legislativos más profundos necesarios a futuro”, puntualizó el abogado.