Más de alguna vez hemos escuchado la historia del abogado estadounidense que el año pasado utilizó ChatGPT para preparar una demanda. El problema surgió cuando todos los casos citados por la aplicación resultaron ser inventados. Este incidente reforzó el recelo de muchos abogados hacia las nuevas tecnologías, reafirmando el mantra de que un robot nunca reemplazará a un abogado.

Ese es el gran error de muchos en nuestra profesión: culpar a la Inteligencia Artificial (IA) de lo ocurrido, sin embargo, esto sería lo mismo que culpar a la computadora cuando se dejó de usar la máquina de escribir para redactar escritos judiciales. La IA no es más que una herramienta y debe entenderse como tal.

Esta nueva tecnología debe ser regulada, como lo han sido todas las anteriores, y su regulación debe asegurar que la IA esté centrada en el bienestar de las personas, respetando los derechos humanos y la seguridad. Además, debe permitir un desarrollo sostenible e inclusivo y crear un ecosistema que impulse el avance tecnológico, ayudándonos a ser un país más avanzado y globalizado.

No obstante, debemos recordar que la realidad avanza mucho más rápido que la regulación. Un ejemplo claro es el proyecto de  Ley de Protección de Datos Personales que lleva más de siete años en tramitación.

Desde que se presentó  en 2017, cuando el tema en boga eran los datos personales, han ocurrido muchos cambios. La denominada “transformación digital” y la “cuarta revolución industrial” han avanzado, al igual que la tecnología en el Internet de las Cosas (IoT), la tecnología 5G, la realidad aumentada, los vehículos autónomos, los cohetes reutilizables, la edición genética y blockchain, por nombrar solo algunos. No sería raro que muy pronto la computación cuántica se masifique al igual que la IA u otra tecnología revolucionaria.

Por todo lo anterior, más temprano que tarde, los abogados deberemos modernizarnos y comprender que el mundo ha cambiado, y para mejor. En los estudios jurídicos del futuro trabajarán no sólo abogados, y un estudio pequeño que maneje hábilmente las tecnologías podrá realizar el mismo trabajo que uno con 10, 15 o más abogados.

Esto también afectará la enseñanza del derecho, pues es probable que los estudiantes que hoy están en primer año de universidad nunca tengan que redactar un escrito o contrato. En cambio, tendrán que aprender a redactar “prompts” y desarrollar el criterio jurídico para evaluar si el resultado que les entrega la IA es el adecuado.

En Universidad de Las Américas, estamos trabajando en diversas áreas, desde la propuesta de una adecuada regulación de la IA hasta la reinvención del proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes, ya que sabemos que es urgente modernizar la forma y el fondo de cómo se enseña el derecho, ya que hoy más que nunca quienes no sepan aprovechar las nuevas tecnologías, tanto las actuales como las que están por venir, están destinados al olvido.