Daniel Montalva, Decano de la Facultad de Derecho, participó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, para contribuir al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

Defensoría de Víctimas

El nuevo servicio atenderá las necesidades de las personas naturales víctimas de delitos, mediante asesoría, representación jurídica y asistencia sicológica y social.

Para ello consolida los dos principales programas públicos de víctimas actualmente existentes: Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), a cargo de las Corporaciones de Asistencia Judicial y Apoyo a Víctimas (PAV) a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a objeto de contar con una ventanilla única de atención prioritaria y generar un modelo común de intervención que mejore los servicios prestados a las víctimas.

En particular, asesorará a las víctimas sobre sus derechos; sobre las medidas de protección o cautelares que puedan ser solicitadas a su favor y orientación sobre los programas estatales a los que puedan acceder. Asimismo, les entregará representación jurídica para posibilitar su participación en el proceso penal y atención psicosocial a las víctimas.

Montalva, en representación de la Facultad de Derecho de Universidad de Las Américas, valoró el proyecto por cuanto, “institucionaliza y sistematiza todo el sistema público de representación judicial y acceso a la justicia de los ciudadanos en una única institución, lo que permite un acceso más igualitario y eficaz de las personas al sistema judicial en defensa de sus derechos e intereses legítimos”.

Además, el Decano destacó que el Servicio de Acceso a la Justicia pueda efectuar convenios con órganos públicos y con Clínicas Jurídicas de universidades que cuenten con a lo menos 4 años de acreditación, ya que “representa una forma de descongestionar al propio Servicio y, asimismo, un incentivo para las instituciones de gestionar de mejor manera sus acciones de Vinculación con el Medio y generar verdaderas redes con las comunidades”.

Bajo esa línea, Montalva destacó que “para UDLA, que es una de las principales universidades que contribuye a la movilidad social, que la Clínica pueda ser homologada a la práctica, representa una cuestión sumamente valorable, pues la mayoría de los estudiantes cuentan con gratuidad, por lo que no se les exigirá un esfuerzo adicional para sustentar su práctica profesional posterior, como es hoy en día, ya que muchas veces los egresados no cursan la práctica y dejan inconclusa la carrera por motivos económicos al no tener recursos para financiar esos 6 meses de Corporación de Asistencia Judicial”.

Entre las oportunidades de mejora que Montalva mencionó está la entrada en vigencia del Servicio de forma diferida la cual “se justifica por temas presupuestarios y de implementación, con todo parecen excesivos los plazos de 18, 30 y hasta 48 meses para la vigencia completa del sistema. Si bien nuestra Constitución permite expresamente la vacancia legal o entrada en vigencia escalonada hasta por 4 años, parece más realista, dada la situación país e índices delictuales, que se redujeran los plazos, manteniendo el inicial de 18, pero luego 24 y 36 meses”.