Javier García, académico investigador de la carrera de Derecho de Universidad de Las Américas, junto con las académicas de la Universidad de Chile, Chiara Sáez y Patricia Peña, llevó a cabo una investigación en la que se problematizan los desafíos de la libertad de expresión en Internet en Chile en el contexto de la crisis social de 2019.

El artículo “Desafíos para la libertad de expresión en Internet en contextos de crisis social: El caso de Chile (2019-2022)” fue publicado en la revista Journal of Digital Media & Policy (Scopus), como parte del número especial sobre “Emerging Debates on Internet Platform Policy and Regulation in Latin America”.

Este documento describe el estado de la libertad de expresión en Chile en el contexto de crisis iniciado con el estallido social de octubre de 2019, a partir de un análisis de datos primarios y secundarios que incluye: denuncias de usuarios de la plataforma, trabajos legislativos y sentencias de los tribunales de justicia.

Para García, “los principales problemas detectados se relacionan con situaciones de censura algorítmica, proyectos de ley que aportan más problemas que soluciones regulatorias, y tribunales de justicia que operan como moderadores de contenidos en línea en casos de difamación y calumnia”.

Así, en la investigación se identificaron tres prácticas de vulneración en el período de análisis contra activistas digitales: censura algorítmica en plataformas digitales mediante la restricción o invisibilización de publicaciones en las redes sociales que son consideradas sospechosas o inapropiadas por los algoritmos de moderación de contenidos de las plataformas; el ataque de Denegación de Servicios para bloquear un sitio web o un medio informativo [DDoS por sus siglas en inglés], y el uso de litigio estratégico contra la participación pública [SLAPP por sus siglas en inglés] mediante el acoso judicial para desincentivar el escrutinio público sobre asuntos de interés general.

El investigador explica que en el estudio “identificamos problemas de diferentes alcances y niveles, pero que igualmente remiten a una disociación entre las violaciones a la libertad de expresión que sufren los usuarios de las plataformas en este contexto de agitación, y cuestiones de preocupación respecto a la libertad de expresión en Internet, tanto en iniciativas parlamentarias, como en sentencias de tribunales de justicia en las que se aborda la moderación de contenidos en Internet con base en criterios jurídicos predigitales”.

De esta forma, los autores del artículo documentaron 238 casos de filtrado automático y bloqueo de cuentas en Instagram, Facebook, X [Twitter] y YouTube durante las cinco semanas posteriores al comienzo del “estallido social”. Según explicó el académico de UDLA, este bloqueo provocó que varios tipos de usuarios (personas naturales, influenciadores, medios, cuentas de reposteo, entre otros) experimentaran algún tipo de incidente digital, así como dificultades en la subida de contenidos, eliminación de cuentas y también de publicaciones con imágenes, audios y videos.

Frente a este hecho, García comentó que “la opacidad respecto de las políticas de moderación de contenidos de las plataformas de redes sociales, las deficiencias de los sistemas automatizados o los sesgos de los moderadores humanos son aspectos que están afectando a la libertad de expresión en América Latina. El filtrado y bloqueo de contenidos en Chile durante las protestas de 2019 a las que aludimos en este artículo son una muestra de ello”.

Finalmente, el académico investigador explicó que desde la acción pública, se han presentado en Chile, en los últimos años, varios proyectos de ley para regular Internet, los cuales, “parten desde una mirada muy analógica del problema y no comprenden la especificidad de este soporte, por lo que existe una disociación entre las acciones de los poderes públicos (parlamento y justicia) versus las garantías a proteger de la libertad de expresión en Internet en un contexto de crisis social”.