La Facultad de Derecho junto a la Dirección de Género de Universidad de Las Américas llevó a cabo el conversatorio “Violencia económica y los avances y desafíos en el cumplimiento del pago de pensiones de alimentos a partir de la Ley 21.389”, con el fin de explicar a la comunidad qué es la violencia económica y analizar los avances y desafíos en el cumplimiento del pago de pensiones de alimentos, a partir de la publicación de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En la ocasión expusieron Andrés Sepúlveda, abogado a cargo del área Litigios en Fundación Pro Bono; Paula Vargas, psicóloga especializada en género y violencias de género; y Tarik Lama, Director Nacional de Clínicas Jurídicas de UDLA.

Sepúlveda abordó la situación previa a la ley en cuestión y los avances que conllevó esta nueva normativa. El abogado explicó algunas innovaciones de la Ley 21.389 como el impedimento a ejercer cargos públicos para quienes se encuentren en el Registro Nacional de Deudores. Para aquellos funcionarios públicos que tienen una deuda de pensión de alimentos, el abogado explicó que “se les retiene parte del sueldo para pagar esta pensión de alimentos”.

Asimismo, Sepúlveda comentó la obligación que se le aplicó al Servicio de Registro Civil y al Conservador de Bienes Raíces de rechazar inscripciones de dominio respecto de bienes muebles o vehículos motorizados de quienes estén en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos.

Por otro lado, Vargas explicó la violencia económica desde la perspectiva de género bajo el aspecto psicosocial, específicamente durante la época de la pandemia en la cual “se visibiliza el incumplimiento de pago de pensiones de alimentos y la carga de trabajo que recae en la mujer tanto en el hogar como en el cuidado de los hijos”.

Además, comentó que la violencia económica suele invisibilizarse frente a otros tipos de violencias de géneros como la física o la sexual: “de algún modo, esto evita que tengamos reflexiones más profundas frente a otras formas de violencia, como la económica, que nos parecen más invisibles pero que, sin embargo, son parte de la base para que ocurran otras formas de violencia más graves”.

La psicóloga enfatizó en hacer una reflexión sobre la reciente normativa desde una perspectiva de género y en cuestionar el paradigma que relaciona lo masculino con lo superior ya que “esto se traduce en pautas de comportamiento a nivel social involucradas en el sistema de crianza impuesto por la sociedad, afectando la carga laboral en la mujer”.

Finalmente, Lama habló sobre la experiencia de la Dirección de Clínicas Jurídicas de UDLA en la aplicación de esta ley y el proyecto de Vinculación con el Medio que se adjudicó, titulado “Ejerzo mis derechos: responsabilidad parental y la nueva normativa de pago de pensiones de alimentos”, en el cual se realizó una serie de operativos y talleres en esta materia en la región del Biobío.