Recientemente la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados destinó al estudio el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados Teao; Calisto; Guzmán; Matheson; Ojeda y Francisco Undurraga, que modifica la ley N°18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), para reforzar la fiscalización en caso de transmisión de relatos o imágenes de hechos violentos o constitutivos de delito.

La iniciativa parlamentaria busca que el CNTV impida y sancione la difusión en programas de televisión de imágenes que contengan técnicas delictivas o detalles que podrían permitir la comisión de un delito, así como los detalles o imágenes sobre suicidios o intentos de suicidio a menos que estén justificadas editorialmente o exista una razón de interés público para hacerlo.

Al respecto, la comisión quiso conocer la opinión del Doctor Javier García, académico investigador de la Facultad de Derecho y presidente de la Fundación Observatorio del Derecho a la Comunicación, quien ha venido analizando iniciativas y normas que afectan al ejercicio de la libertad de prensa.

De esta forma, se realizó una sesión en la que estuvieron presentes diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, Pablo Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), y Raimundo Roberts, investigador del área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional.

El académico de UDLA expuso sobre los aspectos problemáticos referente a la libertad de prensa del proyecto de ley en cuestión y se refirió a las acciones que se han llevado a cabo en otros países para que los contenidos televisivos no incluyan descripciones de acciones criminales o que puedan alterar el orden público.

En este sentido, habló de las medidas previstas en el Código de Radiodifusión de la Office of Communications (Ofcom) en el Reino Unido, en el Código de Práctica de la Industria de Televisión Comercial de Australia, así como las recomendaciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña, destacando que estos instrumentos eran de una naturaleza distinta a la prohibición que propone el proyecto de ley en cuestión.

El Doctor explicó que en los países citados se ha optado principalmente por promover la autorregulación de los medios de comunicación mediante el establecimiento de códigos de conductas y guías con recomendaciones. En cambio, el presente proyecto de ley establece la prohibición y sanción por conductas informativas las cuales, según consideró el académico: “no están claramente definidas, por lo que no se entrega la necesaria certeza a los periodistas y canales de televisión sobre qué tipo de contenidos deben evitarse, además entrega al CNTV la facultad de valorar la justificación editorial y de interés público de contenidos que describan la comisión de delitos”.

En opinión de García este tipo de normas sancionatorias resultan problemáticas y pueden afectar a la libertad de expresión, porque “generan un efecto inhibidor ante el temor a ser sancionados”, por lo que recomienda optar por otras medidas como la elaboración por parte del CNTV de directrices o recomendaciones, así como el fortalecimiento de los sistemas de autorregulación de los medios de comunicación social.

García manifestó ante la comisión que “hay que buscar otras alternativas que no sean medidas sancionatorias. En este sentido, tanto el CNTV como los propios medios de comunicación están al debe. Organismos de otros países han elaborado guías y recomendaciones, como la asociación de televisión en Australia que cuenta con un detallado Código de Autorregulación. Son elementos que faltan en Chile porque no estamos haciendo lo suficiente”.

En esa misma línea, el presidente de Anatel, opinó que “hay asuntos que están ocurriendo en la sociedad chilena que la ciudadanía merece ser informada de la manera más adecuada posible. Si se está traspasando esta línea delgada, está la autorregulación, están las recomendaciones que pueda hacer el CNTV. Quizá ustedes como comisión o un grupo de ustedes pueden acudir al Consejo de Ética de los medios de comunicación y plantear esta preocupación y recomendar un código de ética a los medios de comunicación”.