En el marco del actual proceso constituyente, Carlos Salinas, académico y líder del área de Derecho Público, fue invitado por la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, a una sesión para plantear la necesidad de estatuir en la norma constitucional la existencia de tribunales contenciosos administrativos.

De esta manera, en el Salón Protocolar de la Cámara de Diputados del ex Congreso Nacional, el académico explicó ante los consejeros y comisionados la importancia de dichos tribunales ya que son “órganos llamados a resolver los conflictos jurídicos que se generan entre un órgano de la administración del Estado y un particular”.

El abogado analizó esta problemática en el contexto constitucional y afirmó que desde los inicios de la república se ha planteado la necesidad de contar con tribunales especiales, no obstante, en la práctica nunca se ha dictado la ley que permita la creación formal de estos tribunales. Por ello, se han ido creando una serie de tribunales contenciosos especiales y una serie de recursos contenciosos administrativos especiales sin que exista una regulación general sobre esta materia.

Salinas explicó que el sistema actual origina una justicia especializada y capacitada para resolver estas naturalezas de conflicto y entrega a los tribunales ordinarios el conocimiento de todas aquellas materias que no se encuentran ligadas al conocimiento de estos tribunales contenciosos administrativos especiales, lo que en su opinión “supone una afectación de igualdad ante la ley y también el debido proceso y en el último término, supone la afectación de  supravalor de dignidad de la persona humana”.

Por esta razón el académico de UDLA  planteó, en esa instancia constituyente, el que “se pague la deuda histórica que exhibe nuestro ordenamiento, toda vez que la institucionalidad de los tribunales contenciosos administrativos ha estado presente en nuestro Derecho Constitucional desde los inicios de nuestra república,  sin que ello se haya materializado en la creación de esa institucionalidad,  lo que no es óbice para avanzar, asimismo, en el establecimiento de un procedimiento y recursos contenciosos generales que permitan una adecuada resolución de esta naturaleza de conflictos jurídicos”.