Durante la última semana de octubre, el Centro de Desarrollo Profesional y Empleabilidad reunió de forma online a empleadores, empresas y egresados UDLA en el II Conversatorio Empresarial “Inclusión y ley 21.275” donde la experta María Álamos compartió con los asistentes sus conocimientos, experiencia y buenas prácticas sobre esta temática.

En cerca de una hora y media de conversación, se abordaron temáticas relevantes como qué es la inclusión social, las principales temáticas que aborda la ley, los cambios que se realizaron, entre otros elementos.

“En los últimos años se ha ido cambiando el modelo de la discapacidad. Antes teníamos el modelo médico rehabilitador que significa que la persona con discapacidad es la que tiene el problema y que por eso deben ser rehabilitados para que puedan sanarse; fue un modelo que perjudicó mucho a las personas puesto que las trataban con caridad. Poco a poco el paradigma fue cambiando hacia un modelo más social el cual apunta a que es el entorno el que discapacita a las personas con discapacidad. El objetivo es eliminar las barreras”, sostuvo la expositora.

En esa línea entregó algunos datos sobre la discapacidad en nuestro país: “Según el último estudio del 2015, hay 16,7% personas en situación de discapacidad; ahora ya se debería empinar sobre el 20%. De ellos, hay más mujeres que hombres por lo que se produce una doble discriminación. Sobre las personas mayores de 15 años que realizan trabajos remunerados, solo un 29.2% de la población con discapacidad trabaja”.

Sobre la Ley 21.015, María Álamos aseguró que busca incentivar tanto en empresas privadas como en organismos del Estados la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones. “Para esto, en el caso que la organización cuente con más de 100 funcionarios, se establece que al menos el 1% de la dotación total, corresponde a personas con discapacidad certificadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e invalidez (Compim) o con prensión de invalidez”.

La fiscalización de esta ley es fundamental para su ejecución. “La encargada de esta materia es la Dirección del Trabajo, quien lleva un registro actualizado de los contratos de trabajo. Las empresas cuentan con un plato de 15 días para ingresar la información una vez acordado el acto jurídico entre las partes”.