La Escuela de Administración Pública reunió a su comunidad educativa en torno al conversatorio “El Estado y la Libertad Religiosa: Enfoques y discusiones en el rol del Estado y los derechos”, encuentro disciplinar en el cual se abordó el rol actual del Estado frente a los derechos de los ciudadanos y la libertad de culto.

La instancia tuvo como invitados a Simón Abdala, Licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, Doctor en Filosofía de la Universidad de Los Andes, y a Gonzalo Guerrero, Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Marcelo Muñoz, Director de Escuela de la Carrera de Administración Pública, fue el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes y expresó el valor de “plantear la libertad religiosa o el derecho que cada individuo tiene para manifestar y practicar sus creencias. Es por ello, y debido a que la discusión se seguirá dando en el contexto político institucional en que el país enfrenta, es relevante acercarse a este tema y conocer las distintas posturas al respecto”.

Por su parte, Marco Valdés, abogado y coordinador de VcM de la Facultad, explicó el motivo de esta actividad: “Nuestro interés es fomentar la reflexión sobre todos los derechos fundamentales pues que sabemos que para nuestros alumnos es un tema significativo. No podemos caer en pensar que ciertos derechos fundamentales están asegurados y resueltos. Por esta razón, queremos discutir sobre derechos como la libertad de culto; si bien, nuestro país se destaca por su tolerancia religiosa no debemos quedarnos atrás, siempre hay tensiones y potenciales retrocesos”. 

Tras la introducción de las autoridades, tomó la palabra Abdala e hizo un análisis de la situación respecto a la libertad religiosa a nivel institucional en Chile y Latinoamérica, y revisó cómo se relaciona el Estado y las organizaciones religiosas. Sobre Chile, afirmó que es el único país de Latinoamérica en donde la relación del Estado con las organizaciones religiosas funciona al interior de un ministerio estrictamente político como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

“La experiencia comparada nos dice que la defensa y promoción de la libertad religiosa como derecho humano fundamental alcanza un mejor desarrollo en carteras como Justicia y Derechos Humanos, Interior o Relaciones Internacionales. Es necesario que esta perspectiva entre al debate sobre la libertad religiosa en Chile”, expresó el Doctor en Filosofía.

En ese contexto, agregó que llevar a la mesa este tipo de conversaciones importa porque “es un debate que ocupa los últimos lugares en la agenda de los gobiernos en Chile. Aún no se entiende que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental garantizado en una veintena de pactos y convenios internacionales ratificados por Chile. Avanzar en esto es urgente considerando los más de 60 templos y capillas quemadas en el contexto del estallido social”.

Por otro lado, Guerrero mencionó el relieve del hecho religioso en la configuración de las sociedades, “por cuanto aquella está relacionada con la capacidad de autodeterminación identitaria y política de las personas y de la sociedad en su conjunto” y explicó que si bien en Chile se ha consagrado la libertad de culto, de forma progresiva a partir de diversas reformas al ordenamiento jurídico, no ha existido una verdadera libertad religiosa, dado que a nivel constitucional sólo se ha introducido la libertad de culto.

De acuerdo a la propuesta realizada por la Convención Constitucional, el abogado reconoció que no concordó con una verdadera libertad religiosa: “La propuesta de regulación de libertad religiosa realizada por la Convención Constitucional no correspondió a una regulación adecuada, sino que, por el contrario, incluso se establece una  libertad religiosa que ni siquiera cumple con lo establecido en tratados internacionales sobre derechos humanos, dado que hubo ámbitos de la misma que se encontraban limitados o subordinados a otros intereses, los cuales no son derechos fundamentales, situación que está directamente relacionada con intereses ideológicos, convirtiendo a la conciencia de las personas en un campo de disputa política e ideológica, lo cual a la postre implica que la limitación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus valores morales o creencias religiosas”.