El Decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Osvaldo Artaza, junto a Irene Torres, miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, publicaron el artículo “Certificado de vacunación Covid-19 obligatorio en América Latina” en el blog científico “Hablando de Medicina y Salud”.

En su primer análisis, los autores dan cuenta de datos relacionados a la vacunación y el carnet asociado: “De la mano de la exigencia del pase de movilidad, Chile vio crecer su índice de vacunación hasta alcanzar un 83% de cobertura de dosis completas a 336 días después de la primera dosis administrada el 24 de diciembre de 2020. En contraste, Ecuador tuvo un crecimiento rápido y sostenido de vacunación contra Covid-19, pero en el período equivalente (336 días después de la primera vacuna), solo había logrado 69.5% de población plenamente vacunada, aun cuando las vacunas estaban ampliamente disponibles. La diferencia radica en que, hasta entonces, Ecuador no había exigido el certificado de vacunación, y solo lo empezó a exigir el 21 de diciembre de 2021”.

Ante la tensión entre libertad individual y bien común, el artículo reconoce los conflictos inherentes a la imposición de una exigencia que cruza la frontera del cuerpo de cada persona, “pero aceptamos que el estado está obligado a proteger la salud pública en el marco de los derechos sociales y colectivos”.

Con respecto a las estrategias y tácticas a futuro, los profesionales aseguran que “si en algo continúan fallando, es en la comunicación de riesgo, para lo cual primero deben recoger mejores datos sobre quiénes no se están vacunando y por qué. Igualmente, deben reconocer que la comunicación unidireccional tiene sus límites, mientras que la construcción conjunta de la salud, desde una perspectiva de promoción, contribuiría a crear un círculo virtuoso de confianza, liderazgo, esfuerzo y responsabilidad compartidos”.

Tras analizar los aciertos y desaciertos de los gobiernos en la pandemia, los autores afirman que “tanto en Ecuador como en Chile las autoridades se han visto obligadas a establecer y mantener restricciones como el pase de movilidad, que quizás deberían haber sido menos necesarias si hubiéramos tenido una mejor gobernanza de la crisis sanitaria”

“Mientras el coronavirus continúe afectando nuestro bienestar y presionando al sistema de salud, tenemos la obligación de considerar las prioridades y perspectivas de las comunidades y actores locales, y trabajar con ellas para encontrar las mejores maneras de promover la vacunación, el cuidado y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es fundamental que los esfuerzos de salud pública se construyan como una responsabilidad compartida, y no como una imposición, para que sean más ampliamente comprendidos y aceptados”, cerró el escrito.

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