En el contexto del proceso constituyente, la Facultad de Derecho ha liderado una serie de seminarios con el objetivo de facilitar un espacio adecuado para generar diálogo y conversación en torno al histórico momento que vive nuestro país.

De acuerdo a la mirada de la Facultad, uno de los temas que debe ser objeto de debate es la configuración del sistema de protección jurídica del individuo en el Estado de Derecho. Para eso, convocó a la comunidad estudiantil en torno al seminario “La justicia administrativa en la nueva Constitución chilena: lineamientos para su configuración”.

Tras la introducción de Alexander Espinoza, académico investigador de UDLA, quien ofició como moderador, tomó la palabra Luis Alberto Cordero, abogado de la Universidad La República y Doctor en Derecho de la Universidad de Lleida, España.

“El problema de lo contencioso administrativo es que, para el sistema institucional, las prácticas han llevado a que los operadores legales transitan en las carreteras relativamente conocidas. También, existe un acceso a la justicia que es muy evidente: solo puede irrogar gastos quien pueda financiar el litigio con el Estado. Esto lo hace extremadamente complejo de administrar”, apuntó.

En esa línea, Cordero agregó que “siempre ponemos foco en la discusión orgánica del contencioso administrativo y pasamos por alto que uno de los problemas más severos que tenemos es que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en las reglas procedimentales. Esto es relevante porque la Corte Suprema viene hace más de 15 años informando al Congreso los problemas que tiene”.

Como representante de nuestra casa de estudios, tomó la palabra Carlos Salinas, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académico coordinador de Derecho Público de UDLA, quien lideró la ponencia “Una breve mirada a un viejo problema político-jurídico en el contexto de una nueva institucionalidad”.

En su presentación, el abogado explicó que “es importante que se den este tipo de instancias donde las universidades se dediquen a reflexionar críticamente, más aún, donde estamos viviendo un momento histórico bastante especial y que sin duda es el más importante en los últimos 40 o 50 años”.

Como parte de los problemas, Salinas explicó que “Chile carece de una teoría general de lo contencioso administrativo. Sin exagerar, la ley 19.880, es quizás, el último y más destacado esfuerzo en aras al establecimiento de un régimen general referido. Como consecuencia de lo anterior, la justicia administrativa se presenta como una cuestión confusa y compleja carente de principios y reglas uniformes”.

La jornada, finalizó con las exposiciones de Miguel Ángel Torrealba, abogado de la Universidad Central de Venezuela y Doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad Carlos III de Madrid, España y Gladys Camacho, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.