De acuerdo a datos de la Organización PAH, Chile tiene una de las proporciones más grandes de adultos mayores en América Latina y actualmente enfrenta un aumento en el número de personas con demencia, el cual llega alrededor de 200.000 en 2020.

En este contexto, la docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de UDLA, Francisca Cancino, junto al Dr. Daniel Jiménez neurólogo de la Universidad de Chile, publicaron la investigación “La crisis de la vivienda social y las barreras para el desarrollo de comunidades amigables con la demencia en Chile”, en la editorial Frontiersin.

El artículo se centra en los aspectos urbanos de la política de vivienda social, como la ubicación, las redes, asequibilidad y la relación entre la estructura de subsidios y la provisión de vivienda adecuada en un país con un déficit habitacional cualitativo de alrededor de 1.200.000 unidades y donde una gran proporción de personas con demencia y sus familias viven en la pobreza.

“La dinámica de la atención de la demencia en Chile depende de las conexiones socioespaciales establecidas durante la vida del paciente, y el envejecimiento en el lugar es, por lo tanto, una piedra angular para la implementación de comunidades amigables con la demencia. Sin embargo, la escasez de viviendas impulsada por aumentos constantes de precios asociados con la especulación y el modelo de vivienda subsidiaria exponen a las comunidades pobres y vulnerables a las consecuencias negativas del desplazamiento”, explica el documento.

“Si bien el modelo biomédico ha ignorado en gran medida el impacto del vecindario, la evidencia epidemiológica respalda su papel como un determinante adicional de la salud que modula los factores de riesgo potenciales a nivel individual. Barrios que apoyan el envejecimiento activo, pueden reducir los factores de riesgo de la demencia, mientras que las características ambientales desfavorables tales como la baja disponibilidad de espacio verde y el escaso acceso a los servicios locales podrían tener el efecto contrario”, agrega la investigación.

A partir de la reflexión realizada durante el proceso de trabajo, los profesionales entregaron algunas recomendaciones a tomar en cuenta de cara al trabajo que se tiene que hacer con esta comunidad al corto y mediano plazo.

“Desde una perspectiva de salud pública, recomendamos una revisión de la política actual de vivienda y suelo en vista del impacto considerable de las áreas urbanas en el bienestar y cuidado físico y mental de las personas, especialmente aquellas con discapacidades. El proceso constitucional iniciado recientemente brinda un impulso político clave para esto, y se espera que se realicen mejoras en el desarrollo de la salud y los espacios urbanos, pasando del modelo subsidiario a la política de distribución y reconocimiento”.

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