En medio de la discusión sobre si es factible el tercer retiro del 10% de las AFP, la Facultad de Derecho realizó el conversatorio “Pensiones de Alimentos y retiro del 10%: reflexiones desde un enfoque de género”, instancia en que se dialogó sobre el tema de fondo que implica el incumplimiento en la obligación de alimento por parte del alimentante y el retiro de parte de los fondos previsionales desde las AFP. Todo desde un análisis jurídico con perspectiva de género.

Con las palabras de Marco Vega, Decano de la Facultad de Derecho se dio inicio al encuentro, quien destacó el hecho que UDLA ha sido pionera en temas de Equidad de género al incluirla como una asignatura permanente, “con el objetivo de aportar desde la formación de los profesionales en el necesario cambio cultural que la sociedad necesita para alcanzar mayores niveles de igualdad”, señaló.

Alicia Castillo, Directora de la Escuela de Derecho UDLA, fue la encargada de moderar el conversatorio, que comenzó con la presentación de las expositoras, quienes además hoy son candidatas a constituyente por el distrito 10.

La primera en ser presentada fue Laura Albornoz, abogada de la Universidad de Chile y Doctora en Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, España. Se desempeñó como ministra del Servicio Nacional de la Mujer en el 2006 y como presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres  entre 2008 y 2009

Luego vino el turno de presentar a Macarena Letelier, abogada y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, quien se desempeñó como Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC (2016-2020), Co-Secretaria General de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Chile e Integrante de la Comisión de Reforma Procesal Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Chile.

Ambas profesionales compartieron sus reflexiones sobre gran y latente problema que en Chile se presenta por el incumplimiento, por parte de los progenitores, del pago de las pensiones de alimentos, situación que quedó más descubierto aún con el retiro del 10%.

Es importante señalar como antecedente, que según la encuesta Cadem que realizó el Ministerio de la Mujer el año pasado, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de estas el 65% no recibe contribución alguna de pensión alimenticia. Además, la encuesta Casen de 2017 mostró que más de 580 mil hogares declararon como parte de sus ingresos la recepción de una pensión de alimentos.

Laura Albornoz señaló al respecto que “no existen medidas que apunten eficazmente para que quienes son progenitores cumplan con la obligación mínima que es pagar las pensiones de alimentos a sus hijos. Por eso es que yo veo con muy buenos ojos no sólo el poder sacar dinero del fondo de pensiones, sino el proyecto que se acaba de ingresar por parte de la ministra de la Mujer, con fecha 9 de marzo del 2021, que ha sido un intento por mejorar el régimen de cumplimiento de obligatoriedad de alimentos principalmente con la creación de un registro nacional de deudores, el que a través de algunas medidas obligará al alimentante a cumplir, ya que hay padres que prefieren pagar sus deudas en casas comerciales en vez de pagar sus deudas de pensión alimenticia. Además, desde el punto de vista de género es muy grave, ya que son las mujeres las que deben estar constantemente yendo a tribunales, hacer la demanda, etc. Más todos los gastos asociados”

Macarena Letelier por su parte enfatizó en que “esta es una realidad que no puede seguir, porque lo importante es el bien superior del niño, teniendo conciencia de la gran cantidad de madres sostenedoras únicas y que la crisis económica que estamos viviendo ha dejado esto en mayor evidencia, porque sabíamos que teníamos un problema, pero la mayor cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en este último año son de mujeres”

“El proyecto de ley que fue presentado por la ministra Zalaquett tiene un objetivo, pero yo me pregunto qué tan eficaz es la ayuda del Estado más allá de contemplar estas sanciones, para que a la mujer no se le transforme en una carga. Con esto me refiero al acceso a la justicia para la mujer. Porque si tenemos un Estado moderno, donde la información va a estar en línea y va a ser accesible, perfecto.  Es ahí donde queremos agilizar, modernizar el sistema para que no se transforme la búsqueda de estas sanciones en una mochila para estas mujeres. Tenemos que robustecer el apoyo judicial para las mujeres”, agregó Letelier.