Con el objetivo de posicionar en la opinión pública la discusión sobre gobernanza urbana, desigualdad y vida urbana desde un enfoque sustentable de miras al cambio climático, el Centro de Producción del Espacio de UDLA (CPE) realizó el estudio “Hacia una ciudad transitable: análisis de componentes principales para la definición de subcentralidades en el Área Metropolitana de Santiago”.

---

El documento, publicado en la prestigiosa revista Land, aborda la propuesta de la “ciudad del cuarto de hora”, la cual se basa en reducir las distancias de viaje entre los hogares de las personas y sus actividades diarias, al tiempo que aumenta la calidad de vida en sus barrios. Esta idea de ciudad de 15 min surge como síntesis de un conjunto de virtudes urbanas que busca humanizar la escala de la ciudad, abandonando el enfoque del vehículo motorizado y combatiendo la expansión urbana.

Para elaborar esta metodología, la investigación se centró en el Área Metropolitana de Santiago de Chile, identificando 28 funciones urbanas y aplicando análisis de componentes principales para revisar cómo estas variables georreferenciadas se agrupan en componentes sintéticos que ilustran la transitabilidad de cada cuadra en el acceso a estas funciones.

De acuerdo a los datos obtenidos, los barrios que cumplen con esta nueva tendencia se ubican en las siguientes comunas: Santiago (entre Metro U. Católica y U. de Chile), Providencia y Ñuñoa (Barrios Italia, Parque Bustamante y Manuel Montt), Las Condes (Metro Manquehue), Maipú (plaza central), Recoleta (Metro Einstein), La Florida (Paradero 14 de Vicuña Mackenna), Vitacura (Avenida Vitacura con Padre Hurtado Norte), Puente Alto (plaza central) y San Miguel (barrio El Llano).

“Si consideramos las 24 funciones claves que fueron el resultado de la extracción por método de análisis de componentes principales, solo el 1,87% de la población vive en una ciudad de 15 min. Es decir, si hay un contingente de ciudad andante en Santiago, solo viven 113.771 personas de un total de 6.081.881 estudiados”, afirma el documento.

Los investigadores del CPE, dentro de los cuales se encuentran Francisco Vergara, Carlos Aguirre y Juan Correa, también analizaron la responsabilidad de los servicios locales en este componente, las cuales corresponden a funciones más bien cotidianas que son esenciales para la vida dentro de las unidades vecinales, como farmacias, servicios administrativos gubernamentales, espacios culturales, librerías, librerías, supermercados y bancos.

“Gran parte de las variables agrupadas en este componente corresponden a funciones que en la ciudad de Santiago son responsabilidad de agentes privados, donde la toma de decisiones se basa en la ley de la oferta y la demanda, en lugar de un sistema de planificación integrado. En este contexto, el enfoque mercantilista de asignar espacios para funciones urbanas dentro de la ciudad para desarrollar el comercio y los servicios locales socava la posibilidad efectiva de avanzar hacia una ciudad de 15 min”, sostienen.

Los bienes públicos como escuelas y plazas también fueron abordados en este estudio, ya que la relación entre ambos espacios permite pensar el desarrollo de nuevos subcentros para un barrio específico: “este hallazgo permite proponer un plan de inversión que se base en la complejidad de la infraestructura existente, más que en la creación de nuevos espacios urbanos. La correcta gestión y planificación del uso de la tierra podría facilitar el desarrollo de este plan. La regulación del uso de la tierra debe ajustarse a la prestación de servicios a fin de mantener los bienes públicos sobre los que los actores privados obtienen ventajas”.

Con respecto a la posibilidad de llevar a cabo esta iniciativa, el documento sostiene que “la ciudad de 15 minutos es posible, pero necesita recursos. Entendiendo el marco regulatorio actual en Chile, una posibilidad para comenzar a financiar estas transformaciones se puede desarrollar capturando la plusvalía de las inversiones urbanas y mejorando los instrumentos actuales de contribución urbana para generar una política urbana que favorezca la complejidad de los barrios en su potencial sub- centros. Esta captación de plusvalía puede tomar ejemplos internacionales, como la Ley Española de Suelo y Rehabilitación Urbana o los instrumentos de ordenación territorial en Colombia”.

Sobre el impacto que ha tenido en la opinión pública esta investigación, Carlos Aguirre, investigador del CPE y Director de la Escuela de Construcción de UDLA, manifiesta que “si bien es un artículo muy metodológico, los resultados efectivamente han causado un eco relativamente importante a nivel de medios de comunicación y del entorno específico. Sabemos que, en varios  círculos de expertos, que están hablando de la nueva Constitución, están discutiendo el tema y nosotros, como CPE, estamos en esa misma línea; la idea es poder asegurar la accesibilidad de los servicios públicos para todos los ciudadanos. Para nosotros es una grata sorpresa lo que está pasando”