En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y Día Nacional del Detenido Desaparecido (30 de agosto), la Facultad de Ciencias Sociales ratificó su compromiso con los Derechos Humanos como factor central en el proceso formativo de sus estudiantes y elemento medular de la ética profesional como sello de la Universidad de Las Américas, a partir de un espacio de análisis crítico y reflexión en torno a esta temática.

El conversatorio “30 de agosto: derechos humanos, memoria y deuda histórica” convocó a actores relevantes en esta materia, siendo María Emilia Tijoux, coordinadora de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, la encargada de abrir la jornada.

“El golpe es un instante objetivado en el combate de quienes murieron y que hoy surge neutralizado por la victimización. Estos combatientes existieron, al igual que sus resistencias, y sus recuerdos, contienen la intransigencia de sus luchas, de una organización política que hombres y mujeres fraguaron antes y después del golpe de Estado (…) 1973 regresa vestido de otro modo en quien sobrevive, en sus descendientes, en los entierros o en los objetos que tenemos en nuestras casas que hacen imposible el olvido. También está presente en las rabias y en las luchas actuales”, manifestó Tijoux.

El conversatorio también contó con el valioso testimonio de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD): “Soy hija y nuera de detenidos desaparecidos. Los traumas psicológicos los enfrentamos cada familia desde la particularidad, pero si hay algo que a todos nos afecta, es la impunidad de los distintos gobiernos ante la dictadura. Nosotros tenemos que defendernos cuando nos oponemos a la libertad de los genocidas y salir a decir que no somos los malos de la película. Ese re traumatización se agudiza más por el maltrato que ha existido a partir del año 90’ para las violaciones de los derechos humanos”.

En esa misma línea, entregó su opinión Pamela Cáceres, psicóloga y docente del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos afirmando que “en estos 30 años de trabajo hemos conocido a cuatro generaciones, hemos visto transitar la evolución del dolor y cómo el trauma se ha ido trasmitiendo de generación en generación. La mayoría de los padres de las víctimas directas hoy ya no están, fueron personas, que, en la mayoría de los casos, no tuvieron espacio para vivir el duelo de haber perdido a una hija o a un esposo. En el último tiempo han llegado a consultar los nietos y nietas de las víctimas directas quienes, son jóvenes con muchas incertidumbres, temores, angustias y penas vagabundas”.

Otra de las expositoras fue Daniela Paredes, licenciada en Historia y Pedagogía y facilitadora de visitas dialogadas y talleres del área Memorias de Londres 38. “Por acá pasaron 98 personas detenidas desaparecidas y nos gusta hablar de ellas como víctimas y protagonistas porque fueron víctimas de prácticas represivas por parte del Estado, pero además son protagonistas de lucha y en la medida que las entendemos solo como víctimas, les quitamos su condición de sujetos históricos (…) Desde Londres 38 creemos que los ejercicios de memoria relacionados al pasado tienen el deber de mirar al presente y aportar a la construcción de una sociedad más justa”.

Para finalizar, tomó la palabra Daniela Aceituno, profesional especializada en Ciencias Sociales en la Sede Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica Silva Henríquez.

“La educación cumple un rol fundamental en esta materia porque nos permite conocer y comprender qué son los derechos humanos, cuáles son sus características, los principios que los sostienes, pero también los mecanismos normativos, políticos e institucionales que los resguardan o que faltan por proteger; así la ciudadanía vamos a poder conocer las brechas y tener claridad hacia dónde necesitamos avanzar (…)  El 2014, el Instituto volvió a recomendar al Poder Ejecutivo lo importante que es elaborar un plan nacional de educación de derechos humanos, lo cual aún es un desafío pendiente”.