Con motivo de la conmemoración del día del Trabajador y Trabajadora Social, la Escuela de Trabajo Social quiso hacerse presente con la charla “Reinserción social, un desafío para la nueva Constitución”, actividad académica de análisis, actualización y reflexión acerca de la reinserción social y cómo esta ha sido abordada en Chile, proyectándola, además, en la oportunidad histórica de formular una nueva Constitución para todas y todos los chilenos.

Tras los saludos iniciales de las autoridades y estudiantes a cargo de la actividad, tomó la palabra Guillermo Sanhueza, asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile; PhD. in Social Work & Sociology y Master of Arts in Sociology de la Universidad de Michigan (Estados Unidos); Magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Para poder realizar un análisis exhaustivo de esta temática, Sanhueza comenzó explicando que es importante que la comunidad tenga conocimiento que “Chile no tiene una ley específica que regule la privación de libertad. Muchas personas plantean que la reinserción tiene que estar en la nueva Constitución, pero la verdad es que ni siquiera es una ley. Todo lo que tenemos hoy en términos de regulación de privación de individuos son reglamentos, cuerpos legales fragmentados y que incluso se contraponen”.

El expositor realizó una dura crítica a la labor del Estado quien según sus palabras no está a la altura de poder ofrecer programas de reinserción reales a las personas privadas de libertad: “Al Estado no le importa mucho la cárcel. El sistema carcelario, solo considerando Gendarmería, es muy caro y la idea de reinserción evidentemente tiene un costo pero ya estamos botando la plata con un aparato carcelario que no es eficaz. Si el Estado invirtiera en reinserción hoy, podría ahorrar mucho dinero porque cada persona privada de libertad al mes cuesta 700 mil pesos y eso hay que multiplicarlo por 47mil”.

Tras presentar los resultados de un estudio Fondecyt sobre desempeño moral de las cárceles chilenas, Sanhueza afirmó que “no siempre la solución pasa por construir más cárceles. Según mi opinión, tiene mucho más que ver con re entrenar al personal penitenciario y re enfocar los esfuerzos de gestión penitenciaria, más que únicamente construir más cárceles. Todos los gobiernos se han afanado en decirnos que construyendo más cárceles vamos a estar más seguros y los datos sugieren lo contrario. Tenemos que mirar el recurso humano que existe adentro”.

Sobre este mismo tema, el asistente social manifestó que “hay una centralidad en el funcionario penitenciario, especialmente los de trato directo, en la vida carcelaria y por extensión en las chances de reinserción; en otras palabras, hay un actor olvidado que es el funcionario. La formación de los gendarmes, el acompañamiento permanente, la mirada ética es casi nula porque actúa como un guardia. Mientras sigamos teniendo esa idea estamos desaprovechando una posibilidad de reinserción”.

Para finalizar, Sanhueza profundizó en el rol que tendrá la nueva Constitución que regirá a nuestro país: “Es importante que la nueva Constitución aborde las causas sociales últimas de la delincuencia. Asumiendo que si nos va bien en eso, siempre habrán crímenes. ¿Qué hacemos con eso? El país necesita una ley de ejecución penal la cual podría regular la fase de estadía en prisión”.