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Mientras realiza su práctica profesional, la egresada de la Escuela de Derecho de UDLA, Virginia Palma, cumple funciones como concejala en la comuna de Santiago. Desde ese lugar, fue promotora de normas relevantes en temas de género, como la Ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos.

¿Cómo llegaste a ser estudiante UDLA?

Después de salir de cuarto medio, ingresé a UDLA a estudiar Derecho, pero por temas familiares tuve que dejar la carrera y emigrar a España. Me fui a los 21 años y estuve allá nueve años. Una vez que regresé, me quedé sola a cargo de mis hijos. Los malos trabajos y experiencias que tuve en ese tiempo me marcaron mucho, por lo que decidí tomar un curso de corretaje, certificarme como corredor y comenzar a trabajar en eso. Con los ingresos que obtuve ahí, volví a UDLA y me matriculé nuevamente en Derecho, pero en esta oportunidad en la modalidad Executive.

Entraste a la Universidad siendo jefa de hogar monoparental y madre de dos niños. ¿Cómo te ayudó UDLA para sacar adelante tus estudios?

En lo personal siento que el programa Executive fue creado a la medida para mí: una mujer que era jefa de hogar a cargo de dos niños pequeños. El poder estudiar durante la semana en horario nocturno y los sábados, significó para mi poder trabajar tranquila durante el día. Incluso, en ciertos momentos, podía pasar a ver a mis hijos antes de clases porque vivía cerca del Campus Providencia.

Siempre estaré agradecida por el apoyo que recibí de parte de UDLA, el cuerpo académico e incluso de ayudantes. Mi paso por la Universidad fue un aprendizaje total, no solo desde lo académico, sino que también desde lo humano.

Actualmente, además de realizar tu práctica profesional, eres concejala de la comuna de Santiago ¿Cómo lograste entrar en el mundo de las políticas públicas y cómo ha sido la experiencia?

Mientras era dirigente social y estaba en tercer año de Derecho, la, en ese entonces, concejala Irací Hassler, escuchó mi discurso en una actividad y se acercó para invitarme a trabajar a su equipo en temas de políticas públicas, pero siempre con una perspectiva de género.

El sello que tenía Irací Hassler en esa época era transformar ciertas materias que no se estaban abordan con perspectiva de género desde el municipio. Como yo fui su asistente y trabajamos muy de la mano, porque nuestros perfiles eran similares, me ofrecieron ir de candidata a concejala por el Partido Comunista.

¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional hasta el momento?

El cargo de concejal tiene funciones un poco limitadas, pero he aprendido que uno siempre puede ir más allá y mover el cerco. Con mi equipo hemos promovido muchas cosas que han repercutido en políticas públicas a nivel nacional, como por ejemplo Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.

Si bien venía trabajando hace muchos años en estos temas, mi cargo de concejala le dio un poco más de peso a las intervenciones que puede hacer en el Congreso Nacional. Asimismo, desde la concejalía promovimos la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Este cargo me ha permitido visibilizar y darle más relevancia a esta temática.

Se habla del no pago de pensiones de alimentos como una forma de violentar económicamente a las mujeres, pero no existe un respaldo para que estas mujeres puedan acceder a apoyos estatales. Cuéntame sobre tu próximo proyecto relacionado a esta problemática.

Mi lógica es que, si una mujer no recibe una pensión de alimentos, pueda tener ciertos beneficios al momento de acceder a la vivienda; eso actualmente no existe. Lo que sí existe es un beneficio, que se genera a través de convenios entre el Ministerio de Vivienda y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para las mujeres víctimas de violencia de género, física o psicológica. Pero lamentablemente, una mujer que está viviendo violencia económica, no entra en la categoría de mujer violentada.

Entonces, en la teoría se habla mucho de violencia económica, pero en la práctica está invisibilizada aún. Por esta razón, ahora quiero trabajar para que se les reconozca y se les de la calidad de víctimas de violencia.

Según el último informe del Poder Judicial, en Chile se registra un 84% de deudores en la pensión de alimentos de sus hijos ¿qué mejoras consideras que hay que tratar para mejorar el sistema?

Sabemos que este es un proceso largo y costoso, pero hay que partir con entregar herramientas a los funcionarios y enseñarles o educarlos en una atención con perspectiva de género. Las mujeres que llegan ahí están devastadas, desesperadas; se están jugando los recursos para sobrevivir ellas y sus hijos.

Son mujeres que están sobreexplotadas, que trabajamos de lunes a domingo, que solo nos alcanza para lo básico. Esta situación, resiente la relación con los niños porque ven a una mamá sobreexigida y por ende, ellos pasan por períodos muy solos.  

¿Qué opinas sobre el rol social de UDLA y la creación de alianzas entre lo público y privado para ejecutar charlas y programas educativos en pro de la mujer?

Me parece fundamental, soy una partidaria de que la única forma de sacar adelante una sociedad y hacerla más equitativa es con la fusión entre lo público y privado. Hace algunas semanas asistí a la certificación de la “Escuela de Emprendimiento Gastronomía Social: emprendedoras culinarias” organizada por la Facultad de Ingeniería y Negocios en UDLA. Te puedo asegurar que a esas mujeres les cambió la vida.

Esas alianzas tienen una connotación y enfoque social importante. Me da mucho orgullo que la universidad donde estudié sea parte de estas iniciativas, ojalá se sumen otras casas de estudios. Con esto tipo de vínculos, muestra con hechos que se vincula con la sociedad, entregándoles herramientas y eso es invaluable.